"El proceso de modernización de la Administración de Justicia es imparable. Tiene que evolucionar en busca de una nueva y sólida estructura y de unas herramientas técnicas potentes que le ayuden a caminar y a alcanzar su objetivo esencial: ofrecer un servicio público de calidad y próximo al ciudadano". Así lo puso de manifiesto ayer el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Pedro Herrera Puentes, en una conferencia que ofreció en el Liceo de Taoro, en La Orotava, en la que abordó las diferentes reformas legistalivas.
En su intervención, el viceconsejero admitió que "son tiempos difíciles pero necesariamente hemos de avanzar con la finalidad de construir esa Administración de Justicia homogénea y operativa". Por tal motivo, recalcó, "hay que aunar esfuerzos, compartir recursos y trabajar de manera conjunta para mejorar la calidad de la Justicia".
Para ello, insistió, "es imprescindible alcanzar el consenso, la participación e interacción de los distintos niveles de instituciones públicas, colectivos y agentes implicados e interesados en la política de Justicia".
Este "necesario proceso de modernización", explicó, afecta al área organizativa, a la tecnológica, a la de gestión de personal y a la normativa.
A nivel organizativo, detalló Herrera Puentes, supone la desaparición de la vigente y arcaica estructura orgánica judicial y su sustitución por otra más funcional y homogénea. Lo tecnológico tiene un protagonismo esencial. "Es imprescindible contar con una herramienta de gestión procesal, en constante evolución, que tenga integrada las aplicaciones técnicas que faciliten y agilicen la actividad de la oficina judicial y que ayuden a conectarla y sincronizarla con la actividad jurisdiccional".
En el capítulo de personal, señaló, se hace precisa la determinación y definición de la actividad a ejecutar mediante la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo. Además, debe transferirse a las comunidades con competencias la gestión de la oferta pública de empleo, centralizada en este momento en el Ministerio de Justicia.
Y en cuanto al apartado normativo, la aprobación el pasado 15 de mayo del Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la política de modernización de la Administración de Justicia referidos a su estructura organizativa, a la modernización tecnológica y la mejora de la calidad, recordó, va a servir de base para comenzar con el diseño y despliegue de la nueva oficina judicial y la nueva oficina fiscal en Canarias.
El nuevo modelo de oficina judicial y fiscal supone un reto para todos los operadores jurídicos "ya que desembocará en una Administración de Justicia más ágil, transparente y eficaz", destacó.
Nuevas tecnologías y reformas legislativas
Herrera Puentes subrayó que las nuevas tecnologías son herramientas imprescindibles para conseguir esa deseada Justicia ágil, accesible y de calidad. En tal sentido, el Gobierno de Canarias ha apostado por la agilización del sistema de Justicia, optimizando los recursos disponibles y desarrollando planes de modernización tecnológica.
Asimismo, el viceconsejero disertó sobre las diferentes reformas legislativas, unas ya aprobadas y otras en trámite, como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Justicia Universal, el Registro Civil, la Ley del Aborto y las tasas judiciales, entre otras.
"La legislatura se está agotando y se debe afrontar una reforma de la justicia que sea viable, con iniciativas concretas que nos permitan avanzar en una misma dirección, contribuyendo, cada uno en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, a hacer de la Administración de Justicia un servicio público del que todos podamos sentirnos satisfechos", finalizó.
